El canciller de Bolivia acusó ayer al secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de intervencionismo y de insultar al pueblo boliviano con su insistencia de que hubo fraude en las elecciones bolivianas de 2019.

Lo hizo durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA desarrollada ayer.

En la oportunidad, Rogelio Mayta advirtió que los “mensajes de odio’’ de Almagro generan división en el organismo multinacional y animó a los países miembro a plantearse una nueva organización.

“La Secretaría General debería ser una instancia de articulación entre los estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes. Sin embargo, esta OEA con Almagro como secretario general no lo es para Bolivia; con pena vemos que tampoco para muchos de los Estados que hoy están representados aquí”, cuestionó el diplomático. “A los Estados miembro no nos sirve una Secretaría General que no articule, que divida, que como práctica cotidiana prejuzgue y juzgue y condene a discreción, que se crea un poder y una voz más allá de toda realidad’’, completó la idea.

Infamia

Almagro salió al cruce de las acusaciones que lo involucran en el golpe de Estado en Bolivia de 2019. Las tachó de “infamia” y sostuvo que no reconoció la constitucionalidad del gobierno de Jeanine Áñez, quien se encuentra encarcelada desde marzo y que el último fin de semana intentó suicidarse. Aseguró que la OEA fue “la única” institución que se inclinó por respetar el mandato del expresidente Evo Morales tras las elecciones de octubre de 2019, que desencadenaron una grave crisis política en la nación andina.

La OEA ratificó a principios de agosto su denuncia sobre una “manipulación dolosa de datos’’ en las elecciones en Bolivia de octubre de 2019 y no sólo negligencia, como había concluido un peritaje de investigadores de la universidad española de Salamanca. Poco después, el presidente Luis Arce –heredero político del expresidente Evo Morales– y su gobierno rechazaron el informe de la OEA y revalidaron el documento de la universidad española que fue solicitado por el Ministerio Público.